GIP exige vigilar cualquier operación de Gas Natural superior a 200 millones

La Caixa, Repsol y GIP han alcanzado un acuerdo sobre las normas de funcionamiento definitivas de los organismos de gobierno de Gas Natural Fenosa, tras la entrada del fondo estadounidense el pasado mes de septiembre. Según el nuevo Reglamento del Consejo de Administración y sus comisiones, al que ha tenido acceso elEconomista, el fondo GIP tendrá la capacidad de poder vigilar cualquier operación superior a los 200 millones de euros, al igual que el resto de socios, al haber exigido mayorías reforzadas de dos tercios para dar luz verde a las materias más sensibles de funcionamiento de la compañía.

El nuevo reglamento impone que se apruebe por mayoría absoluta de dos tercios las materias más sensibles y que hasta el momento no se habían detallado en la información hecha pública ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Los tres socios se comprometen a aprobar conjuntamente la adquisición o enajenación de activos pertenecientes a la Sociedad por un importe superior a 500 millones de euros, salvo que su aprobación corresponda a la Junta General o se realicen en ejecución del presupuesto o del plan estratégico.

El consejo también requerirá mayorías reforzadas para la aprobación del presupuesto y del plan estratégico o de negocio o para modificar la política de distribución de dividendos y la aprobación de una nueva.

Los nuevos accionistas mantendrán también un control sobre la suscripción, modificación, renovación, no renovación o terminación de contratos de financiación o refinanciación por un importe superior a 500 millones euros.

Control de la deuda

En la nueva redacción del reglamento, se exige también mayorías reforzadas para la suscripción, modificación, renovación o terminación de cualquier contrato material, distinto de la financiación cuyo importe exceda de los 500 millones de euros en el caso de contratos de aprovisionamiento de gas y de 200 millones euros en el caso de cualquier otro contrato, lo que supone una fiscalización prácticamente total de las decisiones importantes de la empresas.

Las modificaciones materiales en los criterios y políticas contables o fiscales de la Sociedad, salvo que se deban a modificaciones de la legislación aplicable o al cumplimiento de las directrices y criterios fijados por las autoridades competentes en la materia requerirán también del consejo de Caixa, Repsol y GIP.

La reformulación de las cuentas anuales de la Sociedad, salvo que tal reformulación se deba a una modificación legislativa o al cumplimiento de las directrices y criterios fijados por las autoridades competentes en la materia.

La realización de inversiones de capital (capex) no previstas en el presupuesto anual de la Sociedad por importe superior a 200 millones euros.

Pese a todas estas condiciones, la Comisión Nacional del Mercado de Valores considera que no se produce una concertación de los accionistas que obligue a lanzar una oferta de compra sobre el 100 por cien de la compañía.

La gasista presentó un nuevo plan de inversiones y de pago de dividendos antes de la entrada del fondo estadounidense. Por ese motivo, se considera que la entidad ha pedido bajar hasta este detalle del control de la vida diaria de la gasista.

Varios consejeros delegados

Por otro lado, el nuevo reglamento mantiene alguno de los puntos que ya existían con anterioridad y que abre la puerta a poder variar el reparto del consejo de administración por parte de los tres máximos accionistas.

El nuevo reglamento abre la puerta a que pueda haber un máximo de tres consejeros ejecutivos frente a la situación actual en la que únicamente hay un puesto que ocupa el consejero delegado, Rafael Villaseca.

Anteriormente, antes de la llegada del presidente de la Fundacion La Caixa, Isidre Fainé, el número de ejecutivos era de dos, ya que el ex presidente y actual presidente de honor de la gasista, Salvador Gabarró, también tenía funciones ejecutivas, un extremo que se ha abandonado pero que no ha servido para reducir el número de consejeros ejecutivos que se pueden llegar a nombrar.

La norma además recoge explícitamente que el consejo de adminsitración podrá nombrar uno o varios consejeros delegados y delegarles con carácter temporal o permanente, todas o parte de las funciones, excepto aquellas que fueran indelegables.

El nuevo reglamento también permite incrementar hasta un máximo de siete miembros, frente a los cinco anterior, los componentes de la comisión de auditoría de la compañía.

Fuente: eleconomista.es