Inauguración del Spain Investors Day

La ministra ha detallado que la transición ecológica en España movilizará más de 200.000 millones de euros de inversión en la próxima década, de los que el 80% corresponderán a inversión privada y el 20% a pública

El Ministerio para la Transición Ecológica ultima el paquete regulatorio que nos permitirá contar con una hoja de ruta “estable, predecible y favorable para avanzar hacia un futuro más verde”

La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha subrayado hoy que España cuenta un sector financiero y empresarial fuerte y con gran experiencia, que parte muy bien posicionado para aprovechar las oportunidades de la transición hacia un nuevo modelo de desarrollo que ya está teniendo lugar a nivel global.

Durante la inauguración de la novena edición del Spain Investors Day (SID), la ministra ha incidido en que la transición hacia un desarrollo más sostenible y respetuoso con los límites planetarios representa el principal vector de modernización de la economía global en esta primera mitad de siglo. Por eso, ha hecho hincapié en que urge “aprovechar las oportunidades que presenta y multiplicarlas en áreas como la creación de empleo, la mejora de la salud y el desarrollo tecnológico”.

“La manera en la que veníamos pensando en crecimiento y en beneficio ha quedado desfasada”, ha afirmado la ministra, quien ha incidido en que el nuevo modelo abre grandes posibilidades para la inversión, el crecimiento, la creación de empleo o la innovación.

El Gobierno “está absolutamente convencido de los beneficios de esta transición y preparado para trabajar con el resto de administraciones, el sector empresarial y financiero y los ciudadanos, ofreciéndoles una hoja de ruta clara y un marco regulatorio estable, predecible y favorable para avanzar hacia un futuro más verde”, ha indicado la ministra.

En ese sentido Ribera ha adelantado el paquete regulatorio que ultima su ministerio, con iniciativas como la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, la Estrategia de Descarbonización de la Economía Española a 2050 y la Estrategia de Transición Justa.

En esta transformación España tiene mucho que ganar, en creación de empleo, competitividad, innovación, mejora de la salud, y reducción de la pobreza energética.

INVERSIONES

La ministra ha detallado que la transición ecológica en España movilizará más de 200.000 millones de euros de inversión en la próxima década, de los que el 80% corresponderán a inversión privada y el 20% a pública. Las renovables (45%), el ahorro y la eficiencia energética (42%) y las redes y electrificación (12%) atraerán los principales porcentajes de inversión.

MÚLTIPLES BENEFICIOS

El sector energético, la rehabilitación de edificios y viviendas y  la movilidad sostenible atraerán las mayores inversiones. Así, por ejemplo, en materia de renovables, está prevista la subasta anual de al menos 3.000 MW de potencia renovable. Además, se prevé añadir 66.000 MW de generación renovable en los próximos 12 años. En el sector de la edificación, se rehabilitarán con criterios de eficiencia energética una media de 100.000 viviendas al año en la próxima década.

Como resultado de las mejoras en eficiencia energética y de las inversiones en renovables, España mejorará su grado de dependencia energética del exterior. Actualmente se encuentra en un 73%, 20 puntos por encima de la media europea.

Asimismo, según estimaciones del Ministerio para la Transición Ecológica, el aumento de la inversión y el ahorro por la menor importación de combustibles fósiles supondrán un incremento del PIB, respecto a un escenario tendencial (en ausencia de nuevas medidas), de entre 15.500 y 25.900 millones al año entre 2021 y 2030. Este impacto positivo en el PIB será especialmente relevante en el sector industrial (redes y renovables), y en la construcción (rehabilitación energética).

UN PROCESO EN MARCHA

“La transición hacia un futuro más sostenible a nivel global está en marcha. Ser sostenible no es una opción, es una necesidad, una urgencia y una realidad que se ha convertido en prioridad de gobiernos, instituciones financieras, empresas y de toda la sociedad en general”, ha afirmado la ministra.

En esa línea, Ribera ha mostrado el convencimiento del Gobierno de que este cambio de modelo de desarrollo y de paradigma económico supone una revolución para el emprendimiento energético, social y verde, así como, para el empleo, la innovación y la mejora de la calidad de vida en España. Y en esa transición el papel de los inversores será “crucial”, ha concluido la ministra.

Fuente: miteco.gob.es

El consejero delegado de la multinacional saudí, Jamal Wadi, ha asegurado que “nuestra visión es desarrollar al menos mil megavatios de potencia eólica en los próximos dos años en la región”. Las declaraciones vienen al hilo de la publicación del primer acuerdo Senvion-Alfanar, relativo a los parques Valdeabajo, Soliedra y La Moratilla (todos ellos ubicados en la provincia de Soria). Según Wadi, “el acuerdo con Senvion relativo a esta primera fase de este proyecto es el punto de partida de una asociación estratégica de largo plazo entre ambas compañías en España”

El fabricante alemán Senvion ha confirmado que la promotora multinacional Alfanar Energy le ha solicitado siete máquinas de tres megavatios (3 MW) y otra media docena de turbinas de 3,7 para dotar a sus tres parques sorianos: Valdeabajo, La Moratilla y Soliedra. Senvion suministrará pues a Alfanar Energy 41 megavatios en total, distribuidos en siete máquinas del modelo 3.0M122 (que alcanzan una altura de 150 metros en punta de pala) y otros seis aerogeneradores del modelo 3.7M140 (180 metros de altura top). El acuerdo incluye además un servicio total de mantenimiento (full maintenance) durante los primeros veinte años de vida útil de las tres instalaciones. La compañía alemana prevé ejecutar la obra de instalación el próximo verano y estima conectará los parques a la red en otoño. Senvion calcula que los trece aerogeneradores producirán electricidad suficiente como para atender la demanda de alrededor de 41.000 hogares.

Jamal Wadi, consejero delegado de Alfanar Energy: “nuestra visión es desarrollar al menos un gigavatio de potencia eólico en los próximos dos años en la región. El acuerdo con Senvion relativo a esta primera fase de este proyecto es el punto de partida de una asociación estratégica de largo plazo entre ambas compañías en España”.

Según el comunicado que ha difundido Senvion sobre el particular, ambas compañías han construido una “sólida relación” que se ha materializado en la suscripción de contratos por valor de 600 megavatios, en 2018, en la India.

Protagonistas
Senvion es una compañía que diseña, desarrolla, fabrica y comercializa aerogeneradores de entre dos y 6,33 megavatios de potencia y rotores de entre 82 y 152 metros de longitud. Así mismo, entrega proyectos llave en mano (es decir, que se encarga de la ejecución de todas las fases del proyecto hasta la puesta a disposición del cliente del activo en cuestión) y ofrece servicios de mantenimiento. La multinacional, que declara una plantilla de unos 4.000 empleados en todo el mundo, cuenta con dos centros tecnológicos (Osterrönfeld, en Alemania, y Bangalore, en la India) y fabrica en Bremerhaven (Alemania), Vagos y Oliveira de Frades (Portugal), Żory-Warszowice (Polonia) y Baramati (India).

Alfanar es una multinacional saudí que tiene su sede principal en Riad y que ha promovido instalaciones de generación de energía en España, Alemania, Reino Unido, Italia, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, India, Bangladesh, Kenia, Turquía y Egipto. Alfanar declara una cartera de proyectos (fotovoltaicos, termosolares, eólicos y de valorización energética) valorada en 1.700 megavatios de potencia (la empresa ganó 720 megavatios eólicos en la última subasta realizada en España). Alfanar Energy, que forma parte del Grupo Alfanar, se define como productor independiente de energía y desarrollador de proyectos (developer and IPP in the renewable field).

Fuente: energias-renovables.com

Naturgy ha llevado a cabo la compra de un total de 396.439 acciones propias en el período que va entre el 7 y el 11 de enero de este año en el marco del plan estratégico para el período 2018-2022.

En concreto, la antigua Gas Natural Fenosa adquirió el pasado 7 de enero 210.000 acciones propias a un precio medio de 22,48 euros y 186.439 más, con fecha del 8 de enero, por un precio medio de 22,70 euros, según un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En el marco del plan estratégico, el consejo de administración de la multinacional anunció el pasado 1 de octubre que podría invertir hasta como máximo 400 millones de euros en la compra de acciones propias hasta el 30 de junio de 2019.

Estas acciones son representativas de aproximadamente el 1,8 % del capital social a fecha de la comunicación del pasado 6 de diciembre.

A cierre de mercado del 6 de diciembre de 2018 ya se habían adquirido con esta finalidad 2.998.622 acciones, por un coste de aproximadamente 67,6 millones.

El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco), ha aprobado un Real Decreto Ley para adecuar las competencias de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a la normativa comunitaria, que establece que los reguladores de los mercados interiores de gas natural y electricidad sean totalmente independientes, devolviendo así al ‘superregulador’ las competencias que le fueron arrebatas en 2014 por el anterior Gobierno del PP para fijar, entre otras labores, los peajes y cánones que se aplican para establecer las tarifa eléctrica y de gas.

El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco), ha aprobado un Real Decreto Ley para adecuar las competencias de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a la normativa comunitaria, que establece que los reguladores de los mercados interiores de gas natural y electricidad sean totalmente independientes, devolviendo así al ‘superregulador’ las competencias que le fueron arrebatas en 2014 por el anterior Gobierno del PP para fijar, entre otras labores, los peajes y cánones que se aplican para establecer las tarifa eléctrica y de gas.

No obstante, de acuerdo con estas nuevas competencias de regulación, la CNMC deberá tener en consideración las prioridades estratégicas que marque el Gobierno en materia energética, ya que, como establece la Constitución Española, es una competencia exclusiva del Estado.

En un comunicado, el gabinete dirigido por Teresa Ribera indicó que estas prioridades se materializarán en unas orientaciones de política energética, adoptadas por el Ministerio para la Transición Ecológica previo informe a la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos.

En concreto, estas orientaciones de política energética abarcarán aspectos tales como la seguridad de suministro, la seguridad pública, la sostenibilidad económica y financiera de los sistemas eléctrico y gasista, la independencia del suministro, la calidad del aire, la lucha contra el cambio climático y respeto al medio ambiente, la gestión óptima y el desarrollo de los recursos nacionales, la gestión de la demanda, la gestión de las elecciones tecnológicas futuras o la utilización racional de la energía.

Con la aprobación de este Real Decreto Ley, el Gobierno considera que ofrece un marco homologable al de los demás estados europeos, reconoce la capacidad técnica y el criterio de la CNMC y establece mecanismos de cooperación que “garantizan el buen funcionamiento del conjunto del sistema sin menoscabo de la responsabilidad que cada institución tiene en materia de energía”.

MECANISMO DE COOPERACIÓN.

Con carácter previo al inicio de la tramitación de las circulares normativas de la CNMC, el Ejecutivo podrá emitir un informe sobre la adecuación de la propuesta a las orientaciones. En caso de suscitarse discrepancias entre ambas partes, se convocará a la Comisión de Cooperación con la finalidad de buscar el entendimiento entre ambas partes.

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco), ha aprobado un Real Decreto Ley para adecuar las competencias de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a la normativa comunitaria, que establece que los reguladores de los mercados interiores de gas natural y electricidad sean totalmente independientes, devolviendo así al ‘superregulador’ las competencias que le fueron arrebatas en 2014 por el anterior Gobierno del PP para fijar, entre otras labores, los peajes y cánones que se aplican para establecer las tarifa eléctrica y de gas.

No obstante, de acuerdo con estas nuevas competencias de regulación, la CNMC deberá tener en consideración las prioridades estratégicas que marque el Gobierno en materia energética, ya que, como establece la Constitución Española, es una competencia exclusiva del Estado.

En un comunicado, el gabinete dirigido por Teresa Ribera indicó que estas prioridades se materializarán en unas orientaciones de política energética, adoptadas por el Ministerio para la Transición Ecológica previo informe a la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos.

En concreto, estas orientaciones de política energética abarcarán aspectos tales como la seguridad de suministro, la seguridad pública, la sostenibilidad económica y financiera de los sistemas eléctrico y gasista, la independencia del suministro, la calidad del aire, la lucha contra el cambio climático y respeto al medio ambiente, la gestión óptima y el desarrollo de los recursos nacionales, la gestión de la demanda, la gestión de las elecciones tecnológicas futuras o la utilización racional de la energía.

Con la aprobación de este Real Decreto Ley, el Gobierno considera que ofrece un marco homologable al de los demás estados europeos, reconoce la capacidad técnica y el criterio de la CNMC y establece mecanismos de cooperación que “garantizan el buen funcionamiento del conjunto del sistema sin menoscabo de la responsabilidad que cada institución tiene en materia de energía”.

MECANISMO DE COOPERACIÓN.

Con carácter previo al inicio de la tramitación de las circulares normativas de la CNMC, el Ejecutivo podrá emitir un informe sobre la adecuación de la propuesta a las orientaciones. En caso de suscitarse discrepancias entre ambas partes, se convocará a la Comisión de Cooperación con la finalidad de buscar el entendimiento entre ambas partes.

Este organismo estará compuesto por tres personas en representación de la CNMC y tres personas en representación de la Secretaría de Estado de Energía, que serán nombrados respectivamente por el presidente del regulador, oído su pleno, y la ministra para la Transición Ecológica.

La presidencia y la secretaría de la Comisión de Cooperación corresponderán a ambas partes de forma alternativa y rotatoria, con una periodicidad de un año.

En el caso de que no existan discrepancias o se alcance un acuerdo en el seno de la Comisión de Cooperación, la circular de la CNMC indicará que se aprueba “de acuerdo con las orientaciones de política energética del Miteco”. En caso de no exista acuerdo, la circular deberá indicar que se adopta “oído el Miteco”.

Además de la determinación de las prioridades en materia energética de acuerdo con el mandato constitucional, el Ejecutivo aprobará las reglas y supervisará que se aplican las medidas necesarias para garantizar el suministro en situaciones de emergencia.

De igual modo, será competente en la aprobación de la estructura de los cargos, su metodología y sus valores; y mantiene la función planificadora de las redes de transporte, conforme a las recomendaciones que podrá hacer la CNMC.

Además, el Gobierno determinará los criterios y procedimientos que la concesión de acceso y conexión deba satisfacer para el cumplimiento de los objetivos de política energética y penetración de renovables.

Mientras, el nuevo reparto asigna a la CNMC la aprobación de la estructura, metodología y los valores concretos de los peajes de acceso a las redes de transporte y distribución de gas natural y electricidad, y a las plantas de gas natural licuado.

De igual modo, el regulador aprobará las retribuciones de las actividades de transporte y distribución de gas y electricidad y de las plantas de gas natural licuado. También se encargará de la retribución del operador del sistema eléctrico y del gestor técnico del sistema gasista.

Además, serán de su competencia la metodología y condiciones de acceso y conexión a las redes de transporte y distribución de electricidad y gas natural; las reglas de funcionamiento de los mercados organizados en aquellos aspectos cuya aprobación corresponda a la autoridad regulatoria nacional, de conformidad con las normas del derecho comunitario europeo; y el control de los planes de inversión de los gestores de la red de transporte, pudiendo hacer recomendaciones para su modificación.

Así, el Ministerio considera que con este nuevo reparto competencial se garantiza la seguridad jurídica a la ciudadanía y a los agentes del sector energético y valora que supone “una buena noticia para los consumidores y todos los agentes que forman parte de un sector como el energético”.

Gobierno y CNMC contarán con un periodo transitorio máximo de cuatro años para la adaptación de manera gradual de estos cambios de metodología y de este reparto competencial.

PEAJES PARA EL AÑO QUE VIENE.

Fuentes del Ministerio indicaron que la CNMC asumirá estas nuevas competencias desde la entrada en vigor del Real Decreto Ley y que, en el caso de los peajes, tendrá que realizar una circular en 2019 para el año que viene, de la misma manera que el Ejecutivo hizo su propuesta, informada por la CNMC, el pasado mes de diciembre para el año en curso.

Previamente a las circulares que emita la CNMC, tanto el Gobierno como el regulador deberán desarrollar las metodologías para el cálculo de los cargos y retribuciones reguladas -en el caso del Ejecutivo-, y cánones y peajes de acceso -en el caso de la CNMC-, cuestión en la que ya están embarcadas ambas instituciones y que deberán estar listas antes de que acabe 2019.

UNO DE LOS PRIMEROS COMPROMISOS DE RIBERA.

La devolución de las competencias a la CNMC fue uno de los primeros compromisos adquiridos por Teresa Ribera tras ser nombrada ministra, ya que, desde 2016, existía la amenaza de la Comisión Europea de sanción.

Además, la incorrecta trasposición de las directivas de mercado llevó el enfrentamiento entre la CNMC y el Gobierno del PP ante el Tribunal Supremo.

Fuentes del Ministerio indicaron que el Gobierno ha trabajado “con rigor y contrarreloj” para acabar con la anomalía que suponía la trasposición incorrecta de la directiva comunitaria.

“Era absolutamente urgente y, por ello, nada más constituirse el Ministerio para la Transición Ecológica se creó un grupo de trabajo entre la CNMC y el Ministerio para llevar a cabo la normativa que hoy se plasma en este Real Decreto Ley”, añadieron.

Así, el Ministerio considera que con esta normativa “se pone fin a esta situación realizando un reparto respetuoso con el derecho comunitario y que dota a España de un marco regulatorio que garantiza a la CNMC la independencia necesaria para el ejercicio de sus funciones”.

Fuente: lavanguardia.com

Naturgy, la compañía energética que dirige Francisco Reynes, celebró el 175 aniversario de su fundación con un concierto de la Orquesta Sinfónica de Madrid en el Teatro Real de la capital que estuvo presidido por el rey Felipe VI.

Don Felipe fue recibido por la presidenta del Congreso, Ana Pastor; el presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido; la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto; el titular de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque; y el presidente de Naturgy, Francisco Reynés.

La Orquesta Sinfónica de Madrid, bajo la dirección de Inma Shara, interpretó los cuatro movimientos de la Sinfonía del Nuevo Mundo, del compositor checo Antonín Leopold Dvorak, y varias piezas clásicas (entre ellas “Granada”, de Agustín Lara, u “O Sole Mio”, de Giovani Capurro y Eduardo di Capua) junto a los tenores José Bros, Fabio Armiliato y José Pazos.

El nombre de Naturgy fue adoptado en junio de 2018 por la multinacional española Gas Natural Fenosa, que decidió ese cambio con el fin de reinventarse en la nueva etapa de la energética liderada por Francisco Reynes donde además se abrió un proceso de transformación, acortar su nombre, darle un perfil internacional, simbolizar que es una energética global, y no sólo una gasista, y mostrar su compromiso con el medio ambiente.

Ese cambio de denominación se adoptó en la primera Junta General de Accionistas de la compañía tras haber trasladado su sede social a Madrid a principios de octubre de 2017, en plena crisis política en Cataluña.

El origen de la empresa se remonta a 1843 con el nombre de Sociedad Catalana para el Alumbrado por Gas, y en 1866 inició su expansión geográfica al comprar fábricas en lugares como Sevilla y Ferrol.

A finales de siglo entró en el negocio de la electricidad térmica, en 1911 en el de la electricidad hidráulica al empezar la construcción de saltos de agua y centrales eléctricas en el Pirineo, y en 1965 formó parte de la constitución de Gas Natural.

Fuente: noticiaslogisticaytransporte.com